May 21, 2022

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🇹🇹 Otorgan libertad bajo fianza a un segundo imputado de asesinato en Diego Martin tras casi dos décadas en prisión preventiva

Un hombre de Diego Martín, que ha estado en prisión preventiva por asesinato durante casi dos décadas, se ha convertido en el segundo acusado de asesinato en recibir la libertad bajo fianza en base a un fallo histórico de la Corte de Apelaciones.

Al emitir una decisión ayer, la jueza del Tribunal Superior Carla Brown-Antoine confirmó la solicitud de Keyon “Ratti” Anthony y le otorgó una fianza de $ 500,000.

En su decisión, la jueza Brown-Antoine dictaminó que los fiscales estatales no pudieron probar que Anthony sería una amenaza para los testigos o que probablemente se fugaría si se le concediera la libertad bajo fianza.

Como parte de las condiciones de su fianza, a Anthony se le ordenó permanecer a 100 metros de distancia de los testigos de su caso, no salir del país y presentarse en la comisaría de policía de West End dos veces por semana hasta que finalmente se determine su caso en el juicio.

También se le impuso un toque de queda de 9 am a 5 pm y dictaminó que sería un candidato adecuado para el monitoreo electrónico.

Anthony está acusado de asesinar a Meshach Samuel, también residente de Diego Martin, el 10 de diciembre de 2003. Samuel se dirigía a una tienda en River Estate cuando fue emboscado por tres hombres armados que le dispararon varias veces.

Anthony fue arrestado casi un año después del asesinato de Samuel y fue juzgado ante el entonces juez del Tribunal Superior y actual juez de apelación Mark Mohammed en 2008.

El jurado de 12 miembros en el juicio no pudo llegar a un veredicto unánime para Anthony y se ordenó un nuevo juicio. Su nuevo juicio en 2016 tuvo que ser abortado porque contrajo tuberculosis mientras estaba en prisión.

Anthony camina con la ayuda de muletas debido a una herida de bala que sufrió antes de ser implicado en el asesinato de Samuel.

Anthony es la segunda persona a la que se le concede la libertad bajo fianza por asesinato tras un fallo histórico del Tribunal de Apelaciones en una demanda constitucional presentada por el exacusado de asesinato Akilli Charles.

Al emitir una sentencia a finales de febrero, el presidente del Tribunal Supremo Ivor Archie y los jueces de apelación Mira Dean-Armorer y Malcolm Holdip dictaminaron que la Sección 5(1) de la Ley de Fianzas de 1994, que anteriormente impedía a los funcionarios judiciales considerar la libertad bajo fianza para las personas acusadas de asesinato, era inconstitucional.

El panel de apelación dictaminó que el segmento de la Ley de Fianzas no era razonablemente justificable en una sociedad que se preocupa por los derechos y libertades del individuo.

La Oficina del Fiscal General solicitó la suspensión del fallo en espera de una apelación final, pero tanto el Tribunal de Apelación local como el Consejo Privado la rechazaron.

En una declaración jurada en apoyo de la suspensión, el Director de la Fiscalía Pública (DPP) Roger Gaspard, SC, reveló que dentro de las seis semanas posteriores a la sentencia, hubo 78 solicitudes de fianza.

Gaspard también trató de explicar las dificultades que enfrentó su oficina para responder a la multitud de solicitudes, incluido el hecho de que tuvo que depender del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) y el Servicio de Prisiones de Trinidad y Tobago para obtener informes sobre los presos para responder adecuadamente.

Se espera que el Consejo Privado celebre una audiencia acelerada de la apelación sobre el juicio de Charles a principios del próximo mes.

A finales de marzo, Joel King, residente de Belmont, se convirtió en la primera persona en beneficiarse de la sentencia cuando la Magistrada del Tribunal Superior Nalini Singh le otorgó una fianza de $1,5 millones, quien aplicó casi dos docenas de condiciones.

King, sin embargo, no ha podido acceder a la fianza ya que enfrenta cargos penales separados por los que aún no se le ha concedido la libertad bajo fianza.

La decisión de Master Singh está siendo apelada actualmente por la Oficina del DPP.

Anthony estuvo representado por Ravi Rajcoomar y Valmiki Mahabir, mientras que Giselle Ferguson-Heller representó a la Oficina del DPP.

Fuente Guardian

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